Lea un resumen de los objetivos.

Mantener a los estudiantes con discapacidad en la escuela

Fundamento:

Los estudiantes con discapacidad son vulnerables a la exclusión escolar cuando muestran comportamientos problemáticos, incluso cuando esos comportamientos se relacionan con su discapacidad. Además, sufren la exclusión escolar con más frecuencia que aquellos sin discapacidad en forma de suspensiones, expulsiones, colocaciones para instrucción en el hogar, jornada escolar modificada, colocaciones en escuelas alternativas e intervención de los tribunales de menores. Durante el año escolar 2018-2019, por ejemplo, los estudiantes con discapacidad recibieron el 24 % de las suspensiones de corta duración, el 17 % de las suspensiones prolongadas, el 26 % de las expulsiones y más del 20 % de las colocaciones en escuelas alternativas, pero representaron menos del 13 % de la población estudiantil total. Estas exclusiones suelen suponer meses o años de pérdida de tiempo educativo para esta comunidad. En 2018-2019, la duración promedio de una suspensión prolongada fue de 73 días lectivos, casi el 40 % del año escolar.

Por su parte, los estudiantes negros con discapacidad sufren la exclusión escolar con más frecuencia que los estudiantes blancos con discapacidad. En 2018-2019, los estudiantes negros con discapacidad constituyeron solo el 31 % de todos los estudiantes con programas educativos individualizados (IEP, en inglés) en Carolina del Norte; sin embargo, esos mismos estudiantes recibieron más del 63 % de todas las expulsiones y suspensiones prolongadas. Si bien los estudiantes blancos con discapacidad constituyeron el 45 % de todos los estudiantes con IEP en Carolina del Norte, solo recibieron el 21 % de todas las expulsiones y suspensiones prolongadas.

En ocasiones, los estudiantes con discapacidad sufren la exclusión escolar antes de contar con una identificación formal. Los estudios indican que hasta el 85 % de los menores que se encuentran en centros de detención juvenil tienen alguna discapacidad por la que son elegibles para recibir servicios de educación especial, pero solo el 37 % los ha recibido en la escuela. Los menores negros y morenos son mayoría entre la población de los centros de detención juvenil.

Algunos estudiantes con IEP que asisten diariamente a la escuela también son excluidos de la educación que reciben sus compañeros sin discapacidad, como resultado de la falta de instrucción efectiva de educación especial, que se suma a las injusticias en materia de raza e ingresos. Esto es el caso sobre todo en el ámbito de la alfabetización. Datos recientes y nuestros casos individuales indican que muchos estudiantes con discapacidad tienen déficits de alfabetización que no pueden explicarse por sus discapacidades y, por lo tanto, deberían tener un nivel de lectura mucho mayor al que revelan los resultados de las pruebas.

Poblaciones de interés

  • Estudiantes con discapacidad que cumplen una colocación prolongada para instrucción en el hogar o una jornada escolar modificada que pueden recibir instrucción en un entorno menos restrictivo si la escuela proporciona colocación, apoyos y servicios adecuados.
  • Estudiantes con discapacidad que cumplen una suspensión prolongada, múltiples suspensiones de corta duración, expulsión o colocación en una escuela alternativa sin el beneficio de las protecciones disciplinarias de la Ley IDEA, o que han sido objeto de medidas disciplinarias por cuestiones de raza o ingresos, además de la discapacidad.
  • Estudiantes negros, indígenas y de color (BIPOC, en inglés) con discapacidad o con una supuesta discapacidad, con una derivación activa de un tribunal de menores.
  • Estudiantes con discapacidad cuyas habilidades de alfabetización son sumamente inferiores a las de sus compañeros sin discapacidad por motivos relacionados con su raza, ingresos o categoría de discapacidad.
  • Estudiantes en centros de desarrollo juvenil de Carolina del Norte que no reciben servicios de educación especial adecuados.

Garantizar que los estudiantes con discapacidad asistan a la escuela sin ser víctimas de maltrato, incluidas las intervenciones abusivas

Fundamento:

Muchos estudiantes con discapacidad son víctimas de maltrato en la escuela, tanto por el maltrato físico y emocional del personal escolar como por el uso de técnicas como el aislamiento, la restricción, la administración de medicamentos según la necesidad o de otro tipo. Estudios demuestran que los menores con discapacidad son mucho más vulnerables al maltrato que sus compañeros sin discapacidad. El problema se agrava cuando tienen dificultades para comunicar el maltrato a causa de su discapacidad. En algunos casos, los estudiantes corren más riesgo porque el personal no denuncia los incidentes, o la justicia se niega a investigar o iniciar acciones legales.

Los estudiantes con discapacidad deben asistir a la escuela en un entorno seguro, sin experiencias traumáticas, maltrato ni intervenciones abusivas. DRNC trabajará para garantizar que esto se cumpla investigando las denuncias de maltrato y abandono en las escuelas. Nos centraremos en los incidentes que pueden llevar a un cambio sistémico en múltiples escuelas y sistemas escolares.

Poblaciones de interés:

  • Estudiantes con discapacidad en aulas y escuelas independientes.
  • Estudiantes con considerables problemas de comportamiento o de comunicación.
  • Estudiantes a los que se les negó el acceso a los expedientes escolares en relación con un presunto maltrato.
  • Estudiantes a los que se les negó el acceso a los servicios policiales o judiciales en relación con un presunto maltrato.

Luchar por la integración de las personas con discapacidad y el acceso a empleos justos

Fundamento:

Las personas con discapacidad se enfrentan a muchos obstáculos para encontrar empleo, mantenerlo o conseguir un trabajo mejor. En algunos casos, injustamente se les excluye de las oportunidades, se les asignan categorías inferiores o incluso sufren despidos. En otros, no pueden recibir las adaptaciones que necesitan. Incluso hay quienes no reciben una remuneración justa y trabajan en entornos separados, como en talleres protegidos. También están quienes temen perder los beneficios si vuelven a trabajar. Ayudaremos a garantizar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de formarse para conseguir trabajos justos y remunerados, que comprendan el impacto del trabajo en sus beneficios y que no sufran discriminación.

Poblaciones de interés:

  • Personas con discapacidad que sufren discriminación laboral u otros obstáculos en el empleo, como la falta de adaptaciones razonables o servicios de transición.
  • Personas con discapacidad que carecen de los recursos de formación adecuados para encontrar empleo, mantenerlo o progresar en el ámbito laboral.
  • Personas con discapacidad que sufren discriminación en el lugar de trabajo.
  • Personas con discapacidad que carecen de la información adecuada sobre cómo el trabajo puede afectar sus beneficios.

Hacer valer el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar de la igualdad de acceso a su comunidad

Fundamento:

La igualdad de acceso es un principio básico de los derechos civiles y de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA). Las personas son privadas con regularidad del disfrute pleno y equitativo de los servicios que ofrecen las empresas, los municipios y el estado a causa de su discapacidad. Disability Rights North Carolina trabajará para eliminar las desigualdades en el acceso público defendiendo los derechos de las personas con discapacidad a vivir y participar en su comunidad en igualdad de condiciones.

Poblaciones de interés:

  • Existen muchas formas de negar a las personas con discapacidad la igualdad de acceso a un lugar, programa o servicio público, lo que hace que esta población de interés sea inmensa. Si bien no se trata de una lista exhaustiva, aquí se exponen algunos ejemplos concretos de cuestiones que DRNC ha abordado dentro de este objetivo:
  • Proveedores de servicios de salud que se niegan a considerar a los pacientes con discapacidad para el trasplante de órganos u otro tratamiento agresivo.
  • Campamentos de verano o actividades extraescolares que se niegan a modificar las normas para satisfacer las necesidades de los campistas o estudiantes con afecciones especiales.
  • Negocios que se niegan a permitir que los clientes usen animales de servicio.
  • Tribunales que se niegan a proporcionar intérpretes de lengua de señas o material en braille.
  • Calles públicas que no son accesibles para las sillas de ruedas o que no ofrecen descripciones sonoras para los cruces peatonales.
  • Universidades y escuelas que se niegan a permitir adaptaciones en el aula o para los exámenes.
  • Organizadores de grandes eventos públicos que no permiten ayudantes ni acompañantes.

Abordar la excesiva dependencia de Carolina del Norte en los PRTF

Fundamento:

En un día cualquiera, 700 niños de Carolina del Norte están en un centro de tratamiento residencial psiquiátrico (PRTF, en inglés). Muchos de ellos están en crisis porque no pudieron obtener los servicios de salud conductual que necesitaban en la casa y en la comunidad. ¿Por qué? Porque no hay suficientes proveedores en la comunidad. Porque los proveedores no tienen las herramientas necesarias para atender a los niños con más de un tipo de discapacidad. O quizás el niño no puede recibir servicios para más de un tipo de discapacidad. Porque Carolina del Norte no le da prioridad al tratamiento basado en la comunidad.

En cambio, Carolina del Norte gasta cientos de dólares por niño, por día, en la colocación en centros PRTF. Estos niños son apartados de su familia y su comunidad. Un número desproporcionado de ellos son personas de color, están en el sistema de asistencia social infantil (acogimiento familiar) o viven en la pobreza. Es posible que los envíen a un PRTF en otra parte del estado o incluso en el otro extremo del país. Gracias a las actividades de supervisión de DRNC, sabemos que los PRTF pueden ser físicamente peligrosos y emocionalmente traumáticos para los niños. En realidad, allí reciben poco o ningún tratamiento. Y los estudios demuestran que los niños obtienen mejores resultados, con un costo menor, cuando reciben servicios en la comunidad. De todas formas, Carolina del Norte no da prioridad al tratamiento basado en la comunidad, que es menos costoso y más efectivo. DRNC trabajará para reducir la dependencia en estas instituciones restrictivas y reorientar a la comunidad los recursos para nuestros jóvenes.

Población de interés:

  • Niños y jóvenes derivados a PRTF o en riesgo de ser derivados a PRTF, en especial:
  • Niños y jóvenes bajo la custodia del Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services, DSS).
  • Niños y jóvenes de color.
  • Niños y jóvenes con más de una discapacidad o “necesidades complejas”.
  • Niños y jóvenes que han estado en varios centros PRTF.
  • Niños y jóvenes que están listos para recibir el alta, pero que permanecen en un PRTF por falta de servicios comunitarios.

Reducir la institucionalización innecesaria de las personas con discapacidad, y promover servicios y apoyos de salud basados en el hogar y la comunidad

Fundamento:

El sistema de servicios sociales y de salud está sesgado hacia la institucionalización en lugar de los servicios basados en el hogar y la comunidad. A menudo, las personas con discapacidad que podrían vivir satisfactoriamente en la comunidad con servicios y apoyos suficientes se ven atrapadas en entornos institucionales. Otras que actualmente viven en la comunidad corren el riesgo de sufrir una innecesaria institucionalización y segregación debido a medidas para reducir costos y a una implementación deficiente del sistema de prestación de servicios. La pandemia que comenzó en 2020 puso aún más de manifiesto las deficiencias del sistema de salud, especialmente de la red de proveedores, para las personas que necesitaban servicios de salud mental. El número de internaciones involuntarias (IVC, en inglés) siguió aumentando en Carolina del Norte, ya que las personas, desesperadas por recibir servicios, se encontraron internadas de forma involuntaria como un último esfuerzo para recibir los servicios necesarios que faltaban en la comunidad. Las personas no tienen que ser hospitalizadas ni institucionalizadas para recibir los servicios médicamente necesarios. Este sistema actual infringe los derechos de las personas con discapacidad de recibir servicios en el entorno menos restrictivo, según el mandato de integración de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades y la decisión Olmstead. Además, el Estado no presta los servicios médicamente necesarios previstos en las disposiciones sobre detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos del Título XIX de la Ley del Seguro Social (Ley de Medicaid) que permitirían que niños y adolescentes permanezcan en el entorno comunitario menos restrictivo.

Este objetivo adoptará un enfoque holístico para abordar estas cuestiones con el fin de reducir la institucionalización, promover la integración en la comunidad y fomentar el acceso a los servicios médicamente necesarios para que tanto adultos como niños con discapacidad vivan donde quieran y dispongan de los servicios necesarios para disfrutar de una plena inclusión en la comunidad.

Poblaciones de interés:

  • Personas con discapacidad en instituciones cuando se denegó la transición a la comunidad debido a la falta de servicios disponibles basados en el hogar y la comunidad.
  • Personas con discapacidad en la comunidad que se enfrentan a la institucionalización o a la reinstitucionalización porque se denegaron los servicios o porque no hay servicios disponibles basados en el hogar y la comunidad.
  • Niños y jóvenes con doble diagnóstico de un problema de salud mental y discapacidad intelectual/del desarrollo que corren un mayor riesgo de institucionalización debido a la falta de servicios coordinados o a la incompetencia de los servicios basados en el hogar y la comunidad.

Proteger el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad en virtud de la legislación federal y estatal

Fundamento:

Durante los últimos años, la discriminación por discapacidad ha sido la principal fuente de denuncias por discriminación en materia de vivienda en Carolina del Norte. Como era de esperar, DRNC ha observado un aumento constante de las solicitudes de ayuda de personas que sufren discriminación en materia de vivienda. A estas personas se les negaron las adaptaciones o modificaciones razonables para garantizar que su casa sea accesible para sus necesidades. De este modo, se les niega el acceso a la vivienda en las mismas condiciones que las personas sin discapacidad. Otras han sido víctimas de acoso debido a su discapacidad o han recibido amenazas de desalojo debido a sus necesidades o comportamientos relacionados con la discapacidad.

Muchas personas, debido a su discapacidad, no entienden el proceso de desalojo o expulsión sumaria en Carolina del Norte. A menudo desconocen sus derechos y los recursos disponibles contra el desalojo basados en su discapacidad, y no pueden representarse como corresponde en los procedimientos. Encontrar una vivienda después de un desalojo puede ser especialmente difícil para las personas con discapacidad debido a los estigmas y la discriminación que hacen que encontrar una vivienda segura, accesible y asequible sea todo un desafío. Y el desafío es aún mayor cuando, a su vez, son personas de color, LGBTQ+ o indigentes.

Para empeorar las cosas, Carolina del Norte está en la cúspide de una crisis inmobiliaria. Actualmente hay un déficit de 191,000 unidades para las familias con ingresos muy bajos y extremadamente bajos. Este déficit afecta de forma desproporcionada a las personas con discapacidad, que constituyen el 20 % de las personas que reciben asistencia federal con el alquiler en Carolina del Norte. Antes de la pandemia de COVID-19, que ha puesto de relieve la importancia de una vivienda segura y asequible, la tasa de desalojo en Carolina del Norte era más de dos veces el promedio nacional. Ocho ciudades de Carolina del Norte se encuentran entre las 100 ciudades del país con los mayores índices de desalojo. Cinco de esas ocho ciudades se encuentran entre las 25 ciudades estadounidenses con el mayor índice de desalojo.

DRNC se compromete a luchar contra la discriminación en materia de vivienda, incluidos los desalojos discriminatorios, para garantizar que las personas con discapacidad y su núcleo familiar puedan vivir de forma independiente en casas accesibles en la comunidad que elijan. Este objetivo se logrará mediante la educación y la formación, la representación individual y la defensa sistémica.

Poblaciones de interés: 

  • Personas con discapacidad a las que se les ha negado la igualdad de acceso a una vivienda justa.
  • Personas con discapacidad y su núcleo familiar que corren el riesgo de perder la vivienda debido a la discriminación por discapacidad o a la falta de adaptación para satisfacer las necesidades por discapacidad.

Abogar por un sistema de justicia penal seguro, equitativo y justo para las personas con discapacidad

Fundamento:

Las personas con discapacidad no solo predominan en las prisiones y cárceles de Carolina del Norte, sino también en las interacciones violentas con las fuerzas del orden público, además de enfrentar obstáculos para acceder a un trato igualitario en todo el sistema de justicia penal. DRNC sigue identificando y defendiendo un mejor trato de las personas con discapacidad en las prisiones y las cárceles, así como trabajando para que el derecho de acceso a los programas y servicios de la Ley ADA sea una realidad en estas instituciones. Recientemente, hemos ampliado este objetivo y seguimos siendo uno de los principales defensores de las personas con discapacidad en prisiones y cárceles. Este objetivo ampliado abarca investigar la experiencia de las personas con discapacidad en las etapas del proceso penal e identificar las reformas necesarias para garantizar que el sistema sea seguro y justo para ellas.

En el contexto penitenciario, el Departamento de Seguridad Pública (Department of Public Safety, DPS) sigue alojando reclusos con discapacidad mental en régimen de aislamiento sin el tratamiento necesario fuera de la celda. El DPS no identifica ni contempla las necesidades de miles de reclusos con discapacidad intelectual y del desarrollo, lo que los expone al riesgo de sufrir maltrato, además de no darles ninguna tarea ni prepararlos para una reinserción exitosa. El sistema penitenciario en virtud de la Ley ADA no identifica ni contempla las necesidades de los presos con discapacidad. El objetivo de DRNC es corregir el sistema de la Ley ADA en las prisiones de Carolina del Norte para que los reclusos con discapacidad dejen de sufrir discriminación. También pretende que puedan acceder a programas y servicios mientras cumplen su condena y como parte de su preparación para la reinserción exitosa al recuperar la libertad.

Las cárceles no están diseñadas ni son financiadas para proporcionar tratamiento de salud mental, pero con la erosión de los servicios públicos de salud mental, son cada vez más instalaciones de salud mental de facto. Las disparidades para las personas inmigrantes con discapacidad mental son aún peores. Los suicidios siguen produciéndose a un ritmo alarmante en las cárceles de Carolina del Norte. La defensa es necesaria para garantizar que los administradores de las cárceles respondan como corresponde a las necesidades de salud mental de los reclusos. Lamentablemente, sabemos que los administradores de las cárceles tampoco protegen a la creciente cantidad de personas detenidas con crisis por consumo de sustancias. Existen pocas organizaciones que supervisen las condiciones en las cárceles de Carolina del Norte, y DRNC puede tener un impacto significativo en la calidad de la atención de las personas con discapacidad.

DRNC ha desarrollado innovadores proyectos interdisciplinarios, colaboraciones y promoción de políticas para centrar la atención en identificar y tratar a las personas con traumatismo craneoencefálico en nuestro sistema penal (ayudando a aquellas recién liberadas a obtener una identificación estatal cuando se reinsertan en su comunidad) y en abolir el aislamiento prolongado en las prisiones de NC. Seguimos supervisando todas las cuestiones en torno a la justicia penal para asegurarnos de dirigir nuestra defensa de forma eficiente y eficaz a las áreas en las que podemos ser más efectivos a la hora de reformar los aspectos más perjudiciales de nuestro sistema de justicia penal para las personas con discapacidad.

Poblaciones de interés:

  • Personas con discapacidad detenidas en las cárceles de Carolina del Norte.
  • Personas con discapacidad mental en prisión que no están identificadas o no reciben el tratamiento adecuado.
  • Presos con discapacidad que no reciben adaptaciones y a quienes se les niega la igualdad de acceso a los programas y servicios penitenciarios.
  • Personas con discapacidad que entran en contacto con las fuerzas de seguridad y el sistema judicial penal.
  • Personas con discapacidad que se reinsertan en su comunidad tras un período de encarcelamiento.

Defender a las personas con discapacidad antes, durante y después de una catástrofe/pandemia declarada por el estado

Fundamento:

COVID-19 ha creado una situación inestable con diversas repercusiones en la labor de DRNC (incluida nuestra labor de recuperación ante catástrofes) y en nuestros clientes, que han sufrido perjuicios excesivos por la pandemia. Los esfuerzos de DRNC de defensa y divulgación presencial en las comunidades del este de Carolina del Norte se han visto interrumpidos mientras nos preparamos para la temporada de huracanes durante una pandemia en curso. Resulta crucial ejercer la defensa de las personas con discapacidad que corren mayor riesgo para que puedan acceder a los programas, servicios y apoyos necesarios para conservar la salud, seguridad, vivienda e independencia, además de no sufrir maltrato ni abandono.

La intersección de la pobreza, la segregación y el racismo afecta a los clientes de DRNC de muchas maneras, incluida la recuperación ante catástrofes. DRNC ve desigualdades en la recuperación ante catástrofes a largo plazo para muchos de nuestros clientes. Las personas con discapacidad que han sido relegadas a áreas del estado propensas a las inundaciones experimentan la falta de hogar y la inseguridad de la vivienda, incluso antes de que se produzca la catástrofe, lo que agrava sus constantes dificultades. Muchos hogares de personas con discapacidad viven al margen debido a la pérdida de empleos, ahorros o vivienda, sumado a las desigualdades en la atención médica y otros recursos. Casi cuatro años después del huracán Florence, muchas personas con discapacidad siguen esperando ayuda financiera para recuperarse, y sigue habiendo una tremenda escasez de viviendas asequibles y accesibles. Al mismo tiempo, la pandemia perjudicó y se llevó a un número desproporcionado de personas con discapacidad, y sigue poniéndolas en mayor riesgo mientras nuestra sociedad se esfuerza por avanzar. Las iniciativas de defensa, divulgación, educación y asistencia técnica, así como el acceso a las vacunas y a la salud pública, son indispensables para ayudar a las personas con discapacidad más vulnerables y para garantizar que los sistemas de respuesta y recuperación ante emergencias satisfagan adecuadamente sus necesidades.

Poblaciones de interés:

  • Personas con discapacidad afectadas por catástrofes o pandemias que necesitan apoyo, servicios, recursos y defensa legal para permanecer o regresar a su hogar y comunidad.
  • Esfuerzos de divulgación y educación sobre los derechos de las personas con discapacidad antes, durante y después de una catástrofe dirigidos a la comunidad de personas con discapacidad, grupos de defensa, sistemas de preparación y respuesta ante catástrofes y el público en general.

Promover el derecho a la autodeterminación

Fundamento:

Defender el derecho de las personas con discapacidad a la autodeterminación es fundamental para el propósito de DRNC como organización de defensa y protección de Carolina del Norte. Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la autodeterminación que las demás. Tienen derecho a estar informadas, ejercer el control de su vida, recibir un apoyo respetuoso de las personas a las que decidan acudir en busca de ayuda, tomar decisiones sin coacción, actuar en su propio nombre y dirigir su atención médica.

La tutela amenaza el derecho de las personas a la autodeterminación. Permite que una persona, una empresa o el Gobierno se pongan en el lugar de una persona con discapacidad y tomen decisiones en su nombre. Esta relación da lugar a la pérdida de una parte o de toda la autoridad para tomar decisiones que corresponde a la persona con discapacidad. Si bien las leyes de Carolina del Norte establecen que la tutela debe tratar de preservar los derechos de las personas a administrar sus bienes y asuntos personales dentro de su comprensión y juicio, la realidad es que el proceso actual hace poco para lograr el objetivo declarado por la ley. La tutela, con demasiada frecuencia, da lugar a la eliminación total del derecho de la persona a tomar decisiones sobre su propia vida. Los tutores son presa de la falsa idea de que los adultos con discapacidad no pueden participar en las decisiones sobre su vida ni funcionar en la sociedad. Como resultado, quienes están bajo el régimen de la tutela son víctimas de segregación, aislamiento, marginación y opresión en su comunidad. Las personas con discapacidad que son de color, LGBTQ+ e indigentes sufren una múltiple marginación y se enfrentan a obstáculos adicionales al atravesar los procedimientos de tutela.

La autodeterminación es uno de nuestros derechos más fundamentales y no termina con una determinación de incompetencia. Tomar decisiones es una competencia que puede perfeccionarse con la práctica y que varía en función del tiempo, el ámbito y las circunstancias. DRNC abogará por alternativas a la tutela que permitan a las personas con discapacidad tomar sus propias decisiones sobre sus bienes, asuntos personales y, especialmente, su atención médica. Les capacitaremos para que se rodeen de personas que puedan ayudarles a considerar las opciones y analizar las posibles consecuencias. Abogaremos por procedimientos de tutela equitativos con sólidas protecciones procesales. Además, haremos valer el derecho fundamental de las personas a ocuparse de su propia atención médica, luchando contra los tratamientos forzados, y el uso excesivo y abusivo de la internación involuntaria como medio para el tratamiento de la salud mental.

Poblaciones de interés:

  • Personas con discapacidad que desean recuperar su competencia.
  • Personas con discapacidad que tienen tutores públicos o corporativos que les han negado la ayuda para hacer la transición de una institución a la comunidad con apoyos.
  • Personas con discapacidad privadas de la oportunidad de participar en las decisiones sobre su propia atención médica, incluso a través del proceso de internación involuntaria.

Hacer valer el derecho de las personas con discapacidad a votar

Fundamento:

A pesar de los grandes esfuerzos para aumentar la participación electoral, los votantes con discapacidad siguen votando en porcentajes desproporcionadamente inferiores a los de las personas sin discapacidad. Los motivos de esta disparidad incluyen considerables barreras estructurales y procesales, sumado a la falta de enfoque en las necesidades de los votantes con discapacidad por parte de responsables políticos, juntas electorales, partidos políticos, patrocinadores, voluntarios y defensores de la participación de los votantes, entre otros. DRNC maximizará el impacto en el derecho al voto garantizando que los aliados de las coaliciones que trabajan en la participación y movilización de los votantes difundan sus esfuerzos e información, y consideren explícitamente las necesidades de los votantes con discapacidad al momento de planificar. DRNC hará hincapié en las ventajas del voto anticipado, identificará y abordará los obstáculos en los centros de votación, y eliminará las barreras de acceso al voto, incluido el voto en ausencia.

Poblaciones de interés:

  • Votantes con discapacidad.
  • Los subgrupos incluyen votantes ciegos, votantes que viven en centros y votantes que viven solos en la comunidad con un mínimo apoyo o conexión con otros.

La labor de DRNC fuera de los objetivos de defensa

Control e investigaciones

  • Como organización de defensa y protección en Carolina del Norte, Disability Rights North Carolina tiene el mandato federal y la facultad de llevar a cabo tareas de supervisión e investigación en los centros donde las personas con discapacidad viven y reciben servicios. Trabajamos para que no sean víctimas de maltrato ni abandono. Esto ha sido y será siempre una parte fundamental de los esfuerzos de DRNC. Dentro de nuestros recursos y prioridades:
  • Supervisaremos diversos tipos de centros para identificar, prevenir y revertir los casos de maltrato y abandono contra las personas con discapacidad, además de mantenerlas a salvo.
  • Garantizaremos el cumplimiento de la ley, las condiciones de seguridad y los servicios adecuados.
  • Identificaremos a las personas que podrían vivir en la comunidad con apoyos.
  • Investigaremos las muertes y las acusaciones de maltrato o abandono en los centros.
  • Defenderemos las reformas sistémicas.

Información, derivación y apoyo de la autogestión

Otra parte importante de la labor que realizamos en DRNC es apoyar la autogestión de las personas con discapacidad. Ofrecemos continuamente servicios de información y derivación, realizamos actividades de divulgación y educación, y proporcionamos materiales de autogestión para ayudar a las personas con discapacidad y a otros defensores a conocer y hacer valer los derechos de esta comunidad.

Promoción de las políticas públicas

DRNC participa en la promoción de las políticas públicas con fondos que podemos recaudar de donantes individuales.